Eder. Óleo de Irene Gracia
Lluís Bassets
La democracia es deliberación y participación. Nada que objetar a quienes impulsan consultas populares sin ayuda de las instituciones ni de los partidos parlamentarios. Todo lo que impulse a los ciudadanos a debatir y a participar en las decisiones merece la aprobación e incluso el apoyo de los poderes públicos. Las iniciativas que impulsan la consulta de los ciudadanos sobre las cuestiones públicas que les afectan o sobre la organización y el futuro de la comunidad política, la polis, son muestra de vitalidad democrática; al igual que lo contrario, la aceptación pasiva de un funcionamiento mecánico y burocrático de las instituciones democráticas, es el síntoma pésimo de un sistema político en vía muerta.
Este no el problema, sea cual sea el contenido de las consultas. Iniciativas así, como la que celebraron ayer 166 municipios de Cataluña para definirse sobre la independencia respecto de España, merecen todo el respeto, como lo merecen los ciudadanos que desean expresar sus puntos de vista y especialmente cuando se trata de la primera ocasión en que pueden pronunciarse sobre una cuestión que consideran trascendental para su futuro y el futuro de su país.
La dificultad llega a la hora de evaluar el precio y las consecuencias. No hay iniciativa política sin precio ni consecuencias, eso es evidente, aunque a veces algunos crean que se puede hacer cualquier cosa gratis. Especialmente cuando estas iniciativas que surgen de forma optativa se producen en mitad de una crisis económica, con una pérdida de puestos de trabajo que será en muchos sectores irreversible, de forma que se da pie a una sensación de un cierto irrealismo y de un fuerte divorcio entre las dificultades y problemas cotidianos de la gente y las propuestas políticas un tanto quiméricas y lejanas del soberanismo.
Yo no sé muy bien si los dirigentes políticos nacionalistas, principalmente los de Convergència i Unió y de Esquerra Republicana de Catalunya realizaron un cálculo bien ajustado sobre las consecuencias de su apoyo sin matices a la consulta de ayer sobre la independencia, impulsada desde una plataforma a su vez independiente de los partidos. Ambas formaciones nacionalistas se situaron a rebufo de las consultas, probablemente por una mera cuestión de disputa de un importante espacio electoral. Pero una vez implicados, su compromiso puede depararles nuevas dificultades: no es fácil simultanear tareas de gobierno y de oposición, como hace ERC, o en cierta forma CiU, que apoyó el Estatut y ahora está en una iniciativa que lo erosiona.
La dificultad surge sobre todo cuando se observa el nivel de participación, muy por debajo de cualquier otra consulta o elección en los últimos años, a pesar de la incorporación de los jóvenes a partir de 16 años y de los inmigrantes censados en los municipios donde se han celebrado las consultas. Y teniendo en cuenta, además, que se ha celebrado en municipios propicios, por su tamaño y por el enraizamiento del nacionalismo. Sobre todo si se piensa la lectura que se hará desde determinadas instancias políticas, donde se había denunciado como una peligrosa iniciativa ilegal que podía pone en peligro la estabilidad de España.
Los resultados son buenos esencialmente para sus convocantes iniciales, militantes por la independencia de Cataluña que nada esperan del actual Estatuto ni del gobierno tripartito. Pero son malos para todos los otros, incluidos los socialistas, pues demuestran la limitada capacidad de movilización del independentismo y refuerzan la teoría, más que discutible, de que una sentencia negativa sobre el Estatuto será encajada sin muchos problemas por la sociedad catalana. Sólo el PP y Ciutadans, entre los partidos parlamentarios, pueden regocijarse seriamente por el desarrollo de la jornada. Mucho me temo que sería mejor que de momento se aplazara la idea de realizar la consulta en Barcelona el 25 de abril.
