Lluís Bassets
El poder soberano es el que tiene derecho a disponer de la vida de los súbditos. Es así en sus orígenes remotos y sigue siendo así en esencia en las formas más evolucionadas de la soberanía, que rige o venía rigiendo hasta ahora en los límites acotados de un territorio. Siempre se ha creído que la superación de las soberanías nacionales se produciría por su reabsorción desde nuevas instancias multilaterales. Este sería el caso si llegara a existir una jurisdicción penal internacional con capacidad y mandato para actuar en cualquier rincón del planeta. El derecho a disponer de la vida de los seres humanos quedaría confiado así a una suprema instancia del derecho.
Algo se ha avanzado en esta dirección, como muestra la notable actividad de la Corte Penal Internacional en la persecución de los criminales de las guerras balcánicas. Pero en paralelo ha avanzado otra ámbito de acción soberana universal, ajena al derecho, y que por ello mismo no puede merecer el nombre de jurisdicción, como es la ejecución sumaria sin detención previa, sin investigación probatoria ni juicio público y contradictorio por parte de las autoridades estadounidenses de aquellas personas a las que consideran que ponen en peligro vidas e intereses de su país.
Para que tenga lugar tal tipo de operación no basta con la voluntad de realizarlas. Muchos Estados de todos los tamaños y potencia han realizado anteriormente ?asesinatos selectivos?, Estados Unidos entre otros, mediante la actuación de agentes de sus servicios especiales en el extranjero. Lo que caracteriza y define las actuales transformaciones en este tipo de acciones es el uso de una tecnología sofisticada, como son los aviones teledirigidos, que permiten eliminar a extraordinaria distancia a cualquier víctima previamente seleccionada, sin necesidad de contacto ni siquiera visual con el objetivo.
La muerte en Yemen del dirigente de Al Qaeda Anuar el Aulaki es la acción más espectacular y publicitada de una actuación de amplio alcance en la que Estados Unidos está eliminando con gran paciencia y precisión a decenas si no centenares de militantes y dirigentes de grupos que tienen declarada la guerra a Washington en puntos muy distintos del planeta, Al Qaeda entre otros, y fundamentalmente en Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia.
Uno de los más graves problemas de estos avances tecnológicos en las formas de librar esta especie de guerra es el efecto de la emulación. Algún día Rusia o China van a intentarlo, y también Corea del Norte, Irán o Arabia Saudí, países todos ellos que suscitan escasa confianza. Hay un país, como Israel, que ya está en la vanguardia y del que se puede decir que ha marcado el camino a Washington, pues ha sido pionera en asesinatos selectivos y probablemente también en el uso de los drones.
No basta o es muy poco útil una visión meramente pragmática y utilitarista de estas acciones armadas. Quienes no quieran acogerse al garantismo judicial a la hora de criticar y emitir su valoración sobre estas ejecuciones extrajudiciales, y se sientan en cambio tentados a defender el uso legítimo por parte de Obama de unas armas con las que se desembaraza de enemigos evidentes de su país y de un peligro cierto para sus conciudadanos, deben pensar precisamente en la emulación que desencadenan estas actuaciones. Todos los países que se precien querrán tener acceso a esta tecnología, poseer su equipamiento en drones y luego ejecutar sumariamente a sus enemigos peligrosos en el extranjero, algo sumamente peligroso si además son países o poderes antidemocráticos e iliberales quienes pueden disponer de ellas.
Los drones configuran la idea tenebrosa de un poder soberano planetario, cuyo control y escrutinio queda fuera del alcance de quienes están sometidos o protegidos por su acción letal. Como máximo, pueden controlarlo unas instituciones nacionales o locales que necesariamente no se preocuparán de los intereses y los derechos del conjunto de los afectados, todos los seres humanos. Basta con imaginar la construcción de un catálogo de enemigos de la paz y de la humanidad, ejecutables por una orden presidencial desde Washington, para que nos demos cuenta del laberinto legal y moral en el que nos están metiendo o nos estamos metiendo.
