Lluís Bassets
Depender de la extrema derecha para gobernar y legislar o limitar la libertad de expresión, alegando el respeto a las creencias religiosas de una parte de los ciudadanos, son las dos desgracias que se ciernen sobre la sociedad holandesa de la mano de Geert Wilders y de su Partido de la Democracia. Entre ambas amenazas se tejen las contradicciones de una sociedad hasta hace pocos años estable y feliz y sus dificultades para adaptarse a la inmigración y en el fondo al futuro. Debemos prestarles atención porque la siempre liberal y tolerante Holanda actúa ahora como un laboratorio europeo y hay que reconocer que los experimentos hasta ahora realizados no son precisamente alentadores.
Es, en efecto, una desgracia que un Gobierno formado por partidos democráticos y civilizados tenga que mantenerse vivo gracias al apoyo de un partido que se define fundamentalmente en contra de la inmigración y en contra de una religión, el islam, a la que considera peligrosa y destructiva. Pero también es otra desgracia que pueda ser castigado como un delito expresar puntos de vista contra el islam o considerarlo una religión peligrosa y destructiva, como muchos otros piensan de otras religiones o incluso de cualquier religión.
La suma de ambas desgracias es lo más alarmante y lo que constituye la fortaleza de Wilders. Una sociedad que no tiene rebozo en admitir como gobernante a un racista o un xenófobo y a la vez rechaza el derecho a la blasfemia se dirige directamente hacia un conflicto incontrolable que no se resuelve a favor de ninguno de los dos términos contradictorios, sino en contra de todos ellos. La lógica conduciría a deducir que quien está en el parlamento y en la mayoría de Gobierno por sus opiniones no debería ser imputado por sostenerlas. Y a la inversa, quien es procesado por las opiniones que le han llevado al parlamento no debiera ni siquiera contar entre quienes forman mayorías. Pero la lógica democrática debería excluir una cosa y la otra: que el gobierno tuviera apoyos indeseables y que los tribunales procedan contra quien se ha limitado a expresar libremente sus puntos de vista en una sociedad libre.
