La derecha fragmentada per sigue más que nunca su monopolio de la virtud. Sí, esa aspiración al bien, la verdad, la justicia y la belleza (en ínfima proporción) se ha instalado en los debates de campaña bajo la apariencia de indignación moral. Pero, alerta, pues difícilmente se trata de una indignación auténtica y sí de un juego malabar que suma afiliaciones en caliente. En mítines y debates, los candidatos de derechas invocan diariamente al diablo. A un Lucifer separatista, un Belcebú con faldas e ideología de género, un Satanás que pretende subir a base de impuestos ese salario mínimo de 900 euros. El cúmulo de improperios que cada día recibe Pedro Sánchez –hay momentos en que parece que hablaran de Maduro o Gadafi– difícilmente alcanzará su objetivo por una cuestión de credibilidad. En su estrategia dialéctica han cargado tanto las adversativas que cuesta recordar el motivo de la moción de censura que abrió este inestable periodo: la generalizada corrupción en el Partido Popular.
“La justicia fingida existe claramente. Todos tenemos en la cabeza casos donde personas simularon o exageraron sentimientos de indignación porque tenían una razón estratégica para hacerlo. Los políticos en campaña electoral, por ejemplo, son delincuentes frecuentes”. El razonamiento pertenece a los psicólogos Jillian Jordan y David Rand, profesor de Ciencias Cognitivas del MIT, quienes recuerdan que la moral surgió como “forma de medir la confiabilidad de uno en esfuerzos cooperativos”. Pero ocurre que lo que antaño podía considerarse virtud no es sino empeño retrógrado en un camino de hegemonía patriarcal, clasista y racista. La derecha indignada no ha sido capaz de librarse del peor de los complejos, el de superioridad. Escenifica pataletas por un supuesto adoctrinamiento de género y se resiste a las políticas de igualdad. Cierto es, nadie puede hablar en nombre de todas las mujeres (ni de todos los hombres). Por eso tantos se ofendieron ante el negacionismo que escuchamos en el debate de TVE por parte de Cayetana Álvarez de Toledo y –por omisión, pues no le replicó– de Inés Arrimadas.
Sarcasmo ramplón para cuestionar una lacra, la violencia sexual, contra la que existe un protocolo europeo vigente: el convenio de Estambul, suscrito también por 45 países donde no gobiernan Sánchez ni Iglesias.
En España, las cifras parecen irreales, pero las dicta el Ministerio del Interior: cada cinco horas se denuncia una violación. Demostrado está que el silencio de la víctima es todavía un eximente para el criminal, que ve reducido su castigo. Auditar un delito sexual o un episodio de malos tratos desde la sospecha hacia la mujer aún es práctica recurrente en la España machista que queremos dejar atrás. Hoy es la propia sociedad quien corrige la falsa indignación de muchos políticos y, alejada de la lucha de sexos, se afana por construir un mundo respetuoso e igualitario.
