Matar a un periodista

 

Efraín Varela sabía que iban a matarle. Sabía incluso qué alternativas se plantearían
sus verdugos.

 

     -Si me matan en la ciudad, lo harán a balazos -comentó a sus compañeros periodistas dos semanas antes de su muerte-. Si me sorprenden en una zona rural, primero me torturarán.

 

     Varela se había especializado en desenmascarar a los políticos corruptos y airear las atrocidades de los paramilitares en Arauca, una ciudad remota de las ingobernables llanuras de Colombia. A lo largo de los años había rechazado sobornos y sobrevivido a otros intentos de asesinato. Pero cuando en junio de 2002 evitó por los pelos que lo secuestraran, estaba convencido de que su hora estaba cerca. Desoyendo las recomendaciones de sus colegas, continuó publicando sus revelaciones hasta que, tal como había predicho, fue hecho prisionero en el campo, torturado y asesinado de un tiro.

 

     Cuando la gente oye hablar de periodistas que mueren por un artículo, se imagina a corresponsales de guerra sorprendidos en medio del fuego cruzado, pero la muerte de Varela es un caso mucho más típico. Casi tres cuartas partes de los más de 800 periodistas que han muerto al pie del cañón desde 1992 han sido previamente elegidos como objetivo y luego asesinados. La mayoría de los muertos -más del 90%- eran periodistas locales. Y prácticamente todos los instigadores de esos asesinatos -el 95%- han esquivado la cárcel.

 

     Descubrí esta plaga de asesinatos impunes en Filipinas entre 2000 y 2003, mientras llevaba a cabo la investigación para un libro. Durante este período, catorce periodistas fueron asesinados fuera de Manila y ninguno de los asesinos fue llevado ante los tribunales. Los defensores de la libertad de prensa en Filipinas se quejaron a la presidencia de la nación de que muchos de los asesinados habían sido amenazados públicamente por políticos y hombres de negocios. El Centro Filipino del Periodismo de Investigación (PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism) predijo que lo peor estaba por llegar si no se perseguía a quienes perpetraban tales crímenes. No se hizo, y en 2004 fueron asesinados ocho periodistas más, todos ellos previamente advertidos de lo que les esperaba si no guardaban silencio.

 

     Las organizaciones internacionales que intentaron llamar la atención sobre estos asesinatos que quedaban impunes fueron el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, Committee to Protect Journalists), con sede en Nueva York, y Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en París. Argumentaron ante los líderes gubernamentales y el público en general que, mientras que el asesinato de cualquier persona era siempre condenable, el asesinato de un periodista tenía consecuencias que iban más allá de la muerte del individuo. Los periodistas representan el derecho de la gente a saber lo que hacen los personajes públicos, desenmascaran la delincuencia cuando la policía se niega a perseguirla (o forma parte de ella) y ayudan a los ciudadanos a conocer y a comprender las actividades que grupos armados ilegales y terroristas llevan a cabo en la zona. Si los periodistas pueden ser asesinados como represalia por su trabajo y los asesinos no pagan por su delito, las sociedades en las que se producen esos asesinatos estarán a merced de sociópatas.

 

     En mayo de 2005, el CPJ publicó un boletín titulado «Marked for death» [Señalado para morir], en el que se informaba de que los cinco principales países donde se habían producido asesinatos de periodistas desde 2000 eran, en orden de mayor a menor número de asesinatos, Filipinas, Irak, Colombia, Bangladesh y Rusia. Son países con gran cantidad de problemas específicos de sus regiones y culturas respectivas, pero que muestran una similitud sorprendente en cuanto a la forma sistemática de permitir y proteger la criminalidad. También los periodistas presentaban semejanzas sorprendentes. En su mayor parte trabajaban en puestos mal remunerados en áreas remotas controladas por funcionarios corruptos. En su zona, el soborno a los periodistas era la norma, pero muchos de los asesinados eran famosos por permanecer limpios en este aspecto. Muchos de ellos habían predicho que serían asesinados si continuaban con la publicación de sus informaciones, pero insistieron en hacerlo hasta su sangriento final.

 

     Aunque tanto el CPJ como RSF fueron escrupulosos en su análisis de centenares de «casos de asesinato», los resúmenes que realizaron de la vida de esos periodistas fueron necesariamente breves y rara vez iban más allá de la mención de sus últimos artículos y un par de párrafos sobre su currículo profesional. Ninguna de las dos organizaciones intentó averiguar qué era lo que impulsaba a aquellos individuos a hacer lo que hacían. Cuando leí las breves biografías de las víctimas, me pregunté por las causas del valor que habían demostrado. Se atrevieron a perseguir con obstinación los delitos de gente inmune a los procesos judiciales, pero sin alojarse en los hoteles seguros frecuentados por los corresponsales extranjeros. En muchos casos habían vivido en casas modestas donde lo único que los separaba del asesinato era una puerta de madera contrachapada de un centímetro de grosor. De hecho, muchos de ellos habían anunciado públicamente su intención de investigar ciertas historias a pesar de la impunidad que les garantizaba su capacidad de tomarse la revancha. ¿Eran estos periodistas unos idealistas? ¿Ególatras? ¿Devotos creyentes? ¿Les había movido la actitud de quien se hace el macho y está por lo tanto dispuesto a desafiar a los matones? ¿O acaso un celo revolucionario y el deseo de ayudar a la gente? ¿Estaban tal vez tan obsesionados con la idea de conseguir un gran artículo, que acabaron cerrando los ojos ante las previsibles consecuencias? ¿O estaba su vida personal tan castigada por los criminales y los escuadrones de la muerte que tenían la sensación de que su sacrificio era el precio que debían pagar por publicar el artículo?