Jean-François Fogel
En el cuento de nunca acabar que es el porvenir de América Latina en los tiempos de Chávez y Morales, o Hugo y Evo como dirían sus aficionados, se habla poco de un elemento clásico de la vida política en los Andes: los ejércitos. Desde los más oscuros cuartelazos de Bolivia a la visión progresista de Juan Velasco Alvarado en Perú se puede esperar todo de los ejércitos, menos una cosa: que desaparezcan. Desde Bolívar, que estableció la del caudillo como una figura que une los poderes civiles y militares, no se puede pensar acerca de la política en los Andes sin referirse al papel que ocupan las fuerzas armadas. Es lo que hace un excelente informe del Inter-American Dialogue, una ONG de Washington dedicada a mejorar las relaciones entre las Américas.
The Military and Politics in the Andean Region (Los militares y la política en la región andina) es un análisis que tiene un solo defecto: su falta de traducción al español. Quizá la tendremos pronto; Inter-American Dialogue suele procurar la distribución de sus impecables estudios en dos idiomas. En este caso, sería una lectura excelente para salir del falso debate sobre si Evo está más cerca de Hugo, aunque Lula, pero Uribe, etc.
La verdad es muy sencilla: nunca los países andinos consiguieron instalar a sus ejércitos bajo el control de los gobiernos civiles. En cada país, la historia se desenvuelve a través de una serie de subidas y bajadas de la influencia de los militares en la vida política. Comprometidos en la lucha contra el tráfico de droga, en el mantenimiento del orden, a veces en tareas sociales de desarrollo o de ayuda, los ejércitos van y vienen entre los palacios presidenciales y sus cuarteles con la sensación de que son tan legítimos en unos como en otros.
«Venezuela es un régimen militar; hay trescientos oficiales que tienen un papel decisivo en el funcionamiento de mi país» me decía hace poco un escritor venezolano. Es cierto y vale la pena reflexionar, tal como lo hace Carlos Basombrío Iglesias, autor del estudio de Inter-American Dialogue, sobre el sentido que tiene el abandono del plural para nombrar a las fuerzas armadas en la constitución bolivariana. Venezuela ahora tiene una fuerza armada (singular) que ya no es la «institución apolítica» de que hablaba la constitución anterior. En la vecina Colombia, el ejército ni sueña con tener tanto poder, pero no se puede negar su autonomía. Consiguió desanimar, y a veces impedir, los intentos de diálogos de paz con las guerrillas y parece que el poder civil lo aprieta poco en lo que tiene que ver con derechos humanos.
En Perú, el Fujimorismo correspondía a un momento de influencia máxima de un ejército que salió desprestigiado del caso Montesinos. La candidatura de Ollanta Humala a la presidencia es un intento de recuperación de lo que se perdió. En Ecuador, lo importante es que existe ahora un vínculo directo entre el ejército y los movimientos indígenas. Este factor podría ser decisivo en su momento, tal como la vieja lucha entre policía y ejército en Bolivia.
¿Cuál es la conclusión del estudio? Algo obvio, tan obvio que lo olvidamos siempre: cuando las élites políticas y las instituciones democráticas se ponen débiles, aparece un espacio que los militares son los primeros en ocupar. La última palabra del informe resume aquel movimiento repetitivo; la palabra es «ciclo».
