Eder. Óleo de Irene Gracia
Basilio Baltasar
El presidente Obama se muestra reticente a investigar los excesos cometidos por el equipo de Bush durante su doble mandato. Pero los senadores alarmados por las flagrantes violaciones de la Constitución de los Estados Unidos consideran inapelable la urgencia de un juicio convocado no sólo para castigar a los culpables. Restaurar las fallas abiertas en el armazón del sistema hace necesario averiguar cómo pudieron cancelar sus garantías jurídicas y evitar los controles parlamentarios previstos por la ley. La legitimización de la tortura quizá sea el más escandaloso golpe dado a la Constitución pero no fue el único.
La resistencia de Obama a iniciar este proceso será un objeto al que debemos prestar nuestras mejores reflexiones. Al parecer, el Presidente, artífice de un novedoso pragmatismo progresista, considera que un proceso contra la élite del Partido Republicano lo empujará a una estrategia de división de la opinión pública e impedirá el consenso tan necesario para sacar al país de la crisis.
Es un dilema de gran trascendencia: si el imperio de la ley debe enmudecer ante la amenaza de un estorbo civil o si asume su plena autonomía indiferente a cualquier obstáculo ocasional.
En España ya hemos visto cómo suele reaccionar el aparato del partido cuando sus dirigentes son enjuiciados: se presentan como víctimas de los jueces y siembran entre la ciudadanía una grave desconfianza contra el poder judicial.
