El Boomeran(g)

La jornada electoral se inicia con el ominoso presagio de las últimas encuestas, que pronostican un cerrado empate técnico. El nerviosismo invade a los candidatos -y a sus fervientes seguidores- conforme las votaciones se acercan a su conclusión. A las pocas horas de cerradas las casillas resulta evidente que el margen entre los dos punteros es muy pequeño: lo peor que puede ocurrirle a una sociedad devorada desde el inicio del proceso por una creciente crispación. Una y otra vez, el candidato opositor ha denunciado la inequidad de la contienda, la grosera intervención del aparato del Estado a favor de su rival y los infinitos recursos que han beneficiado su proyecto.

            Tras largas horas de expectación, por fin el órgano electoral -igualmente cuestionado por su servilismo con el régimen- anuncia la "tendencia irreversible" que señala la victoria del candidato oficial. Convencido de que se ha operado un siniestro fraude, el líder opositor se niega a reconocer los resultados y convoca una serie de protestas que se tornan cada vez más airadas y ruidosas. El virtual triunfador acusa a su oponente de incitar a la confrontación social y de despreciar el estado de derecho. Éste, por su parte, anuncia el redoblamiento de las manifestaciones para exigir la apertura de todos los paquetes electorales ("voto por voto,").

            Hasta aquí, ¿hablamos de la Venezuela del 2013 o del México del 2006? ¿El candidato oficial es Nicolás Maduro o Felipe Calderón? ¿Y el opositor que se niega a reconocerlo es Henrique Capriles o Andrés Manuel López Obrador? A primera vista los relatos apenas se distinguen, de no ser porque la diferencia entre los políticos mexicanos fue de 0.58% frente al 1.77% de los venezolanos: un margen en cualquier caso demasiado estrecho como para que no se generasen dudas sobre el proceso.

            Lo más llamativo de estas elecciones ha sido constatar la reacción de buena parte de nuestros analistas y políticos en uno y otro caso. Mientras aquellos que se consideran liberales, demócratas o simplemente de derechas no vacilaron en condenar la actitud de López Obrador, acusándolo de ser un populista mesiánico incapaz de respetar las instituciones y el marco legal, en cambio no han dudado en secundar la posición de Capriles, convertido a sus ojos en un héroe de la libertad y en un hombre responsable que ya no podía tolerar la desfachatez de su enemigo. De otro lado del espectro, quienes se presentan como antiimperialistas, globalifóbicos o simplemente de izquierdas, no dudaron en tachar a Calderón de espurio y secundaron las acciones de resistencia civil del PRD y sus aliados, mientras Capriles les parece una figura despreciable al servicio de Estados Unidos y los grandes capitales.

            En pocas ocasiones ha quedado más patente la incoherencia demostrada por los dos bandos, incapaces de percibir que su sesgo ideológico les impide reconocer los innegables paralelismos entre ambas situaciones. Ello no quiere decir, por supuesto, que no se impongan algunos matices necesarios. Aunque en los dos lugares el Estado actuó de manera obvia -e ilegal- a favor de candidato oficialista, los años de gobierno de Hugo Chávez erosionaron de manera mucho más profunda la democracia venezolana que el régimen de Vicente Fox, nacido justo como una alternativa al autoritarismo previo. Pero en cualquier caso el primer presidente del PAN no dudó en usar toda su influencia para acabar con López Obrador, a quien consideraba una especie de enemigo personal, mientras que el influjo de Chávez se llevó a cabo desde ese mundo ultraterreno en que le susurraba consejos a Maduro. Hoy, Maduro no ha dudado en amenazar a Capriles con acciones legales en su contra, mientras que ayer Fox quiso torcer la ley para apartar a López Obrador de la contienda mediante un polémico intento de desafuero.

Éste, por su parte, tuvo el descaro de aparecer en todas las televisiones mientras aún no cerraban las casillas, pero del otro lado no hay que olvidar la campaña pagada por distintos empresarios que, con el fin de desprestigiarlo, buscaban asociar a López Obrador ni más ni menos que con Chávez. Otra diferencia en otro escenario paralelo: en las elecciones anteriores, Capriles se apresuró a reconocer el triunfo del Comandante pese a la inequidad de la contienda, consciente de que la distancia que lo separaba de éste era demasiado grande. En una situación similar, en las elecciones de 2012, López Obrador en cambio se negó a reconocer la victoria de Enrique Peña Nieto pese a los millones de votos obtenidos por éste.

            Como fuere, más que para determinar el papel histórico de estos personajes, las similitudes y diferencias entre las experiencias mexicanas y venezolanas deberían servirnos como un llamado de atención a quienes solemos juzgar a los demás, amparados en la inquebrantable fe en nuestras convicciones, sin darnos cuenta de la verdadera dimensión de nuestros prejuicios.

 

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[Publicado el 21/4/2013 a las 14:04]

[Etiquetas: Chávez; Capriles; López Obrador; Calderón; Venezuela; México]

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la voz y, sin preocuparse por las descalificaciones de sus críticos, anuncia que se tomará atribuciones que no le corresponden para convertir a su municipio, el más rico de América Latina, en un lugar seguro, ajeno a la ola de violencia que se abate sobre la zona conurbada de Monterrey. Frente a estas palabras que apenas disimulan su tono de advertencia, el gobernador de Nuevo León, decenas de autoridades judiciales y policíacas y cientos de ciudadanos se lanzan en un vibrante aplauso, convencidos de que, para bien o para mal, el empresario Mauricio Fernández no se quedará cruzado de brazos.

 

            En la siguiente imagen podemos observar al reluciente alcalde en primer plano, con su voz profunda y su desafiante acento norteño -su apodo de joven era El Ronco-, narrando con orgullo cómo uno de los criminales que se han atrevido a atentar contra su vida, el Negro Saldaña, ha sido encontrado muerto en la ciudad de México. De no haber sido pronunciado a las 11:45 de la mañana, el anuncio no hubiese parecido sorprendente en medio del estado de guerra que sufre el país en ese octubre de 2009; lo extraño es que el cadáver del Negro, junto con el de dos de sus cómplices, sólo es hallado por la policía del DF a las 5 de la tarde. Sin ruborizarse, Fernández se jacta de predecir el futuro.

            Con estas perturbadoras secuencias se inicia El alcalde, el brillante documental de Emiliano Altuna, Carlos F. Rossini y Diego Enrique Osorno que ha iniciado su recorrido en festivales de cine de todo el mundo. En medio del sinfín de historias macabras generadas por la guerra contra el narco, hacía falta este afilado retrato de este hombre de poder que, en sus tres años al frente de San Pedro Garza García, lo transformó en una especie de isla: la única porción de la capital norteña resguardada de homicidios y secuestros, en la cual sus habitantes continúan disfrutando de una vida normal, contrapuesta al estado de sitio -con toque de queda incluido- que domina en los municipios aledaños.

            Centrándose sólo en su figura y sus palabras, con eventuales desvíos a su mansión -su alberca enmarcada por un arco gótico, el cráneo de Tricerátops que preside su estancia o el artesonado mudéjar que la cubre- y unas cuantas imágenes rescatadas de los archivos familiares -su fastuosa boda, sus cacerías de ciervos y elefantes, su pasión por las armas de fuego-, El alcalde deja que su protagonista se pinte de cuerpo completo con todas sus aristas. Carismático y dueño de una enfática oratoria -aunque en algún momento su llanto resulte obviamente chapucero-, Mauricio Fernández no duda en presentarse como un héroe, un político sui géneris dispuesto a revelar verdades incómodas -las masacres perpetradas por el ejército en el norte del país- y a actuar allí donde otros se muestras pusilánimes, arropado por un apoyo popular que no se reduce a las "grandes familias", sino a buena parte de la población del estado.

            En un país que se desangra, el alcalde de San Pedro se enorgullece de haber expulsado a sicarios y secuestradores, a la vez que admite que los propios capos del narco se han convertido en sus vecinos. En la grotesca fauna surgida en México en estos años de conflicto, Fernández es una rara avis: un multimillonario convertido en político y un político que, como los vigilantes de las películas hollywoodenses, pretende tomar la justicia por su propia mano, asegurándose de que los malvados reciban su merecido obviando las trabas e ineficiencias de nuestro sistema judicial.

            Por momentos el alcalde habla con una lucidez que enviarían varios políticos de izquierda- reconoce que las drogas ya son legales gracias a una ley que, no evita decir, fue aprobada por Felipe Calderón, y que los ciudadanos tendrían que decidir si quieren que éstas sean vendidas por los narcotraficantes o por el Estado-, mientras en otras ocasiones su discurso apenas se diferencia del esgrimido por los paramilitares colombianos y, de manera casi explícita, justifica los asesinatos extrajudiciales.

            El documental de Altuna, Rossini y Osorno no será del gusto de muchos: habrá quien piense que se trata de una apología de Fernández, cuya eficacia podría seducir a ese sector de la población que exige mano dura, mientras otros lo verán como una denuncia sin contemplaciones de un gobernante que oculta sus crímenes -tan viles como los de sus enemigos- bajo una desvergüenza populista. Allí está, sin embargo, lo más relevante de su perspectiva: en vez de valerse del maniqueísmo que Calderón quiso imponerle a su narrativa de la guerra, El alcalde exhibe esa zona de grisura moral que nos infecta desde entonces. Y, sin alaridos ni desplantes, demuestra que el éxito pacificador de Fernández en su isla de San Pedro, con su íntimo desprecio hacia la ley, es la medida de nuestro fracaso como nación.

 

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[Publicado el 31/3/2013 a las 14:59]

[Etiquetas: el alcalde; México; guerra del narco]

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Tras jurar su cargo en una tumultuosa ceremonia de investidura, el presidente anuncia que la primera medida de su gobierno consistirá en presentar una reforma educativa capaz de transformar el anquilosado sistema escolar de la nación. La noticia es recibida con beneplácito por casi todos los sectores y aplaudida por los medios, con excepción del sindicato de maestros que ve amenazadas sus conquistas laborales. Su líder, quien lleva varios años en el cargo, considera que la iniciativa busca limitar su influencia. Para lograr que la reforma sea aprobada en un congreso con mayoría opositora, el presidente recurre a uno de los políticos más experimentados -y feroces- de su partido, uno de esos maquiavélicos operadores que no dudarán en hacer lo que sea para lograr su objetivo.

            A partir de aquí, House of cards, la serie que Netflix ha puesto a disposición de sus suscriptores hace unas semanas, se separa -aunque no demasiado- de lo ocurrido en México, centrándose en la figura de Frank Underwood (un sardónico Kevin Spacey que, a la manera de un actor isabelino, se dirige al telespectador con toda suerte de apuntes mordaces), el whip de la mayoría demócrata, el cual librará una agreste batalla contra Marty Spinella, el lobista que representa a los maestros.

Si bien los entretelones de la reforma educativa dibujados en House of cards podrían sonar un tanto pueriles comparados con la realidad mexicana -si acaso nuestro secretario de Educación no está lejos de Underwood, Marty Spinella ya soñaría con disponer de los recursos de La Maestra-, la coincidencia no deja de mostrar las dificultades y contradicciones que este tipo de medidas generan en cualquier parte. Por un lado, un amplio grupo de representantes demócratas, tradicionalmente ligados a los sindicatos, considera que la propuesta de su presidente apenas se diferencia de la esgrimida por los republicanos; y, por el otro, muy pronto queda claro que el pulso entre Underwood y Spinella responde más a sus intereses que a cualquier auténtica voluntad de transformación. La ambiciosa reforma educativa del presidente se quedará como una transformación casi cosmética.

            Tres secuencias resultan particularmente interesantes para observar los intríngulis de la negociación dibujados en la serie (basada a su vez en una producción de la BBC y en las novelas de Michael Dobbs). En la primera, a fin de vengarse del presidente por no haberlos nombrado secretario de Estado, Underwood decide eliminar a su candidato al Departamento de Educación y le filtra sus propuestas en extremo liberales a una joven bloguera. A su vez, ésta aprovechará su cercanía con Underwood para iniciar una meteórica carrera como informante estrella de Washington. Igual que en México, el trascendido es asumido como el instrumento favorito de los políticos para enviarse mensajes cifrados o para manipular a la opinión pública.

            Menos predecible resulta el episodio en el que Underwood encara a Spinella en una entrevista en CNN. Reconocido por su habilidad retórica, el congresista está seguro de que aplastará al portavoz del sindicato y lo obligará a terminar con la huelga magisterial que ha puesto en vilo a la Casa Blanca. En contra de sus predicciones, la intervención de Underwood resulta un desastre: trastabilla, titubea y es víctima de esas lagunas que tanto aquejan a nuestros políticos. La avalancha de burlas en los talk-shows confirman por qué resulta imposible imaginar a Elba Esther Gordillo en un tête-è-tête con alguno de los operadores de nuestro presidente. (Por uno de esos efectos perversos de la empatía, los espectadores sentimos pena por Underwood en vez de lanzarnos a escarnecerlo en Twitter, como ocurriría en la vida real).

            Al final, el enfrentamiento entre los maestros y el gobierno se resuelve en un duelo entre Underwood y Spinella. Aprovechándose de la muerte de un niño que no ha ido a la escuela, el congresista invita a su contrincante a su despacho para discutir un posible acuerdo. Cuando Spinella se presenta en su sala de juntas, Underwood no hace más que provocarlo hasta que, en un arranque de furia, el representante de los maestros le da un puñetazo. Levantándose del suelo, Underwood sabe que ha obtenido la victoria: para no presentar cargos, la huelga deberá terminar de inmediato. Días después, el Congreso por fin aprueba la reforma. ¿Habrá entre nosotros alguien capaz de una triquiñuela semejante para al fin doblegar a nuestro sindicato?

            Que House of cards haya sido producida por un distribuidor de contenidos para la red como Netflix y que su primera temporada haya sido puesta a disposición del público en un solo día desató una agitada polémica sobre la transformación del mundo audiovisual. Más allá de eso, a los mexicanos nos ofrece un oportuno espejo de las batallas libradas por nuestros políticos y sindicalistas -acaso menos mordaces pero igual de torvos- a la hora de aprobar nuestra aún lánguida e incipiente reforma educativa.

 

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[Publicado el 24/2/2013 a las 16:30]

[Etiquetas: House of Cards; reforma educativa; México]

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En un insólito oficio emitido el 15 de enero de 2013, la Procuraduría General de la República reconoció que carecía de pruebas para confirmar los dichos de dos "testigos protegidos" -narcotraficantes dispuestos a colaborar con la justicia-, según los cuales un grupo de militares de alto rango, encabezados por el general Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de Defensa durante los dos primeros años del sexenio pasado (y descendiente del estratega militar de Pancho Villa, Felipe Ángeles), habían protegido al cártel de los Beltrán Leyva. Si bien la PGR aún no ha determinado qué hará a continuación, no quedan dudas de que el proceso contra los inculpados estuvo plagado de irregularidades.

            Días después, en otro inesperado viraje, una mayoría de tres ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó la liberación de Florence Cassez, la ciudadana francesa acusada de formar parte de una banda de secuestradores debido a su asociación sentimental con uno de sus líderes, Israel Vallarta. Una vez más, la resolución de la Corte no hacía sino señalar que los vicios ocurridos durante el proceso -en especial el montaje televisivo orquestado por la propia Secretaría de Seguridad Pública para recrear ante las cámaras una detención que había sido llevada a cabo el día previo- habían contaminado el caso de manera irreversible, volviendo imposible determinar la culpabilidad de la acusada.

            Más allá del escepticismo desatado por la probable liberación de los generales, y del encono público generado por la liberación de la francesa, resulta imposible no asumir que ambos hechos, producidos en una misma semana, no constituyen lamentables excepciones en nuestro desbalagado sistema de justicia -y, en especial, en el estilo de justicia que el gobierno de Felipe Calderón se empeñó en imponer en consonancia con su "guerra contra el "narco"-, sino síntomas de una enfermedad persistente e incurable: la absoluta falta de certeza y transparencia presente en todos los procesos penales de que tenemos noticia.

            Ambos hechos, tomados en conjunto, no podrían ser motivo de alegría para nadie -excepto para los propios inculpados y sus familias-, sino de vergüenza y pasmo colectivos: se trata del reconocimiento explícito, por parte de las más altas autoridades del país, la PGR y la Suprema Corte, del lamentable estado de nuestras instituciones de seguridad y de justicia. Su diagnóstico no puede ser más dramático: en aras de proclamar sus triunfos contra el crimen organizado, en ambos casos el gobierno federal no dudó en manipular pruebas y testigos, indiferente a los derechos tanto de los acusados como de las víctimas, con el único objetivo de justificar su política y de proclamar los éxitos de su estrategia. 

            La lógica detrás de estos dos casos -y de un sinfín más puestos en evidencia a lo largo de los últimos años- resulta tan perversa que cuesta trabajo imaginar que haya sido puesta en marcha por un gobierno emanado del Partido Acción Nacional, cuya larga historia de luchas a favor de la legalidad resulta incontestable, y por un presidente que siempre se vanaglorió de su condición de abogado de la Escuela Libre de Derecho. Insisto: lo más grave es que, a la luz de las decisiones de la PGR y de la Corte, la vulneración del debido proceso, a fin de alimentar la campaña mediática que entonces requería el gobierno, no obedece a los ánimos torcidos de unos aberrantes policías o a la miopía de unos torvos jueces, sino a una política de estado que permeó todos los escalones de nuestro sistema de justicia.

            Que el Secretario de Seguridad Pública aprobase -o estuviese al tanto- de que un grupo de secuestradores era detenido de manera clandestina, sin ninguna garantía judicial, para luego ser obligados a escenificar su captura ante las cámaras, o que la Procuradora General de la República aprobase -o estuviese al tanto- de que un grupo de altos mandos del ejército era vinculado con el narcotráfico por dos testigos protegidos sin que hubiese otras pruebas en su contra, y aun así se empeñase en consignarlos, no hace sino reforzar la idea de que ambas maniobras pertenecían a una misma y calculada praxis política, indiferente por completo a las leyes básicas de un régimen democrático.

            México llevaba demasiado tiempo sufriendo por un sistema de justicia torpe, lento y corrupto, en el que nadie confía y en cuyas concusiones nadie cree, pero al introducir en este escenario catastrófico la obligación de obtener resultados mediáticamente exitosos, a fin de justificar políticas públicas cuestionadas por el conjunto de la sociedad, se emprendió la demolición absoluta de nuestro estado de Derecho. No se trata, ahora, sólo de hacer pagar a los responsables de esta maniobra -aunque la justicia sólo se verá servida cuando conozcamos su papel en estos hechos-, sino de exponer y desarticular su lógica por todos los medios a nuestro alcance.

           

twitter: @jvolpi

[Publicado el 03/2/2013 a las 17:09]

[Etiquetas: Cassez; Angeles Dauahalde; México]

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Hoy, a la distancia de doce años, al fin es posible entreverlo -y afirmarlo- con certeza: el 1º de diciembre del 2000 fue un trágico espejismo. Esa clara mañana de otoño México celebró uno de esos exultantes días de júbilo que rara vez se le conceden a los pueblos: una victoria que no le pertenecía a Vicente Fox, y mucho menos al PAN, sino a todos aquellos que habían luchado para terminar con el régimen autoritario y corrupto que había gobernado al país por más de siete décadas. La algarabía, dentro y fuera, era casi unánime: tras la brutal represión de 1968, la "caída del sistema" de 1988 y el alzamiento zapatista de 1994, el país se desembarazaba de los culpables de su inequidad y de su atraso y se abría a una nueva era donde sería posible consolidar las instituciones democráticas y navegar hacia la justicia, el crecimiento y el progreso.

 

            Doce años después, México no se acerca ni siquiera vagamente a esa estampa dibujada en las mentes de sus ciudadanos aquella luminosa mañana del 2000. Todo lo contrario: se ha convertido en un país más fracturado e inseguro; un país devorado por la frustración y por el miedo; un país desprovisto de cualquier motivo de júbilo; un país en el que unas cien mil personas han sido asesinadas sin que conozcamos las razones y sin que los culpables hayan sido atrapados y juzgados; un país en el que miles han debido abandonar sus hogares por la fuerza; un país que, más allá de la aparente solidez de su economía, no se diferencia de un país en guerra.

            ¿Qué pudimos hacer tan mal los mexicanos no sólo para traicionar las grandes esperanzas del 2000 sino para, en el lapso de una década, transformar a México en este infierno? La culpa no puede achacársele sólo al PAN, o a Vicente Fox y a Felipe Calderón, eso está claro: su responsabilidad en la catástrofe es mayúscula, y no creo que la Historia vaya a absolverlos, pero el resto de la clase política, y los ciudadanos que hemos aprobado o asumido sus decisiones, somos parte ineludible del desastre.

            Los primeros signos de que nuestra anhelada transición a la democracia se tambalea aparecen ya durante los primeros meses del sexenio de Fox. Electrizado por el entusiasmo hacia su figura, el presidente se esfuerza por formar un gobierno de unidad, invitando a ocupar posiciones clave en su gabinete a figuras independientes y a militantes de la izquierda, con quienes comparte, en teoría, la meta esencial de desmantelar la herencia corporativa y autoritaria del PRI. Roñosa, la izquierda se rehúsa a cerrar filas con los panistas: en su mezquina lectura de los hechos, la derecha le ha arrebatado el papel que merecía por sus luchas y sacrificios, y prefiere consolidar sus bastiones -sobre todo el DF- mientras aguarda (o provoca) el fracaso de sus adversarios.

            Demasiado cómodo en su papel de héroe de la democracia, y abandonado por los estrategas independientes que lo auparon al poder, Fox cambia de estrategia y decide que su enemigo primordial ya no es el PRI, sino la figura ascendente de Andrés Manuel López Obrador. Cada vez más obsesionado, el Presidente desperdicia la segunda mitad de su sexenio en combatirlo de todas las formas posibles, legales y extralegales. De este modo, en un profundo error histórico que quizás sea la causa principal de la debacle que terminará por alcanzar de modos distintos tanto a la una como a la otra, la derecha y la izquierda democráticas aniquilan para siempre la alianza natural que debió articularlas en esos momentos críticos.

Si hubiesen estado dotadas de mayor visión de largo plazo, menos dogmatismo ideológico y menos rencor humano, el PAN y el PRD tal podrían haber imitado el modelo chileno -la unión táctica de la democracia cristiana y la socialdemocracia contra el enemigo común: la dictadura-, limando sus aristas radicales y construyendo un gobierno mayoritario fuerte, capaz de poner en marcha una agenda de transformaciones esenciales que era urgente para el país. En vez de ello, Fox y López Obrador quemaron todos los puentes de entendimiento entre el PAN y la izquierda, precipitando al país en un auténtico choque de trenes cuyas consecuencias seguimos pagando hasta el momento.

            El desaguisado electoral del 2006 fue la consecuencia extrema de su egoísmo y su ceguera. Leer lo ocurrido en ese año como la desaparición de la escena del PRI es no entender lo que verdaderamente ocurría en esta encarnizada lógica a tres que guía al sistema partidista mexicano. En efecto, el PRI pareció hundirse como nunca, en buena medida debido al pésimo desempeño de Roberto Madrazo, pero al atizar la rivalidad entre Calderón y López Obrador los priistas anticipaban el aniquilamiento de ambos.

            Así, mientras PAN y PRD insistían en ver la elección del 2006 como una especie de fin del mundo, en la cual no sólo gastaron todos sus cartuchos, sino que agotaron toda su legitimidad y todas sus energías democráticas, el PRI (más sabio por viejo que por diablo) tuvo la paciencia y el tino de aguardar a que sus dos enemigos se hicieran pedazos en la contienda de ese año, desprestigiando su lucha de todas las maneras posibles. Tras ver las maniobras burdas e ilegales empleadas por el PAN para ganar la contienda, y la desaforada reacción de López Obrador al verse despojado del triunfo, mandando al diablo a las instituciones, ya nadie podría decir que el PRI era mucho peor que sus alternativas. Si el 2006 resulta tan trágico no es sólo por la acidez y acrimonia de la contienda, sino porque los aparentes ganadores se volvieron idénticos al PRI que habían combatido.

            Consecuencia extrema de la polarización derivada del 2006 -leído así, el cliché resulta válido: el año que vivimos en peligro- fue toda la presidencia de Felipe Calderón. En su azarosa e irresponsable lectura de las votaciones, necesitaba mostrarse a toda costa como un presidente fuerte, capaz de unir al país contra un peligro aún mayor que López Obrador o el PRI, y encontró en el narcotráfico ese monstruo capaz de legitimarlo -sí-, pero sobre todo de reunificar a un país dividido en una causa superior. Un trágico error de perspectiva y acaso una de las decisiones políticas más dramáticas -y abominables- tomadas por un presidente mexicano. Pero, una vez más, tenemos que observar su estrategia en el contexto de las elecciones del 2006 y del México bronco que parecía abrirse paso en esos días.

            A diferencia de Fox o de muchos de sus correligionarios, Calderón sí era un producto puro del panismo, con todas sus virtudes y defectos: una mezcla de fe cívica, honestidad institucional y catolicismo ultramontano. Cuando, en su visión, las antorchas de López Obrador aún seguían encendidas, toma la decisión de enfrentar al Mal Absoluto. Cruzado de una batalla que el país no merecía, Calderón opta por desembarazarse de su conflicto personal con AMLO para enfrentar, gallardamente, un desafío aún mayor, tratando de subir en la escala de valores y de presentarse como un héroe moral y un líder fuerte.

De nuevo: si PAN y PRD no hubiesen dejado pasar la oportunidad en el 2000 de articular un frente común, acaso la "guerra contra el narco" no hubiese sido necesaria, o se habría planteado de otra manera, sin el tono atrabiliario e impensado, sorpresivo, que adquirió a solo 18 días de iniciado el gobierno de Calderón. Desaprovechada esa oportunidad, el sexenio de Calderón se convirtió en una sucesión de errores y desatinos enmascarados bajo la supuesta necesidad de combatir al narcotráfico.

Sin duda la ilegalidad y la corrupción asociadas con el narcotráfico eran una realidad palpable cuando Calderón tomó las riendas del país, y tampoco puede negarse que la intimidación y los chantajes amenazaban con estallar en cualquier momento, pero la forma de encarar el problema, asociándolo con una estrategia puramente bélica, sin tratar de resolver las causas sociales del conflicto, anticipar el recrudecimiento de esa violencia que en teoría se trataba de extirpar ni entrever las dificultades para perseguir judicialmente a los delincuentes con un destartalado sistema de justicia debe considerarse una de las decisiones políticas más contraproducentes tomadas por un líder democrático. Sin ninguna discusión pública previa y sin conocer la realidad sobre el terreno, la "guerra contra el narco" copió la retórica y la tácticas de la "guerra contra el terrorismo" de George W. Bush, y sumió al país en un conflicto no demasiado lejano del que hoy sufren en Irak o Afganistán, al menos en lo que se refiere al número de víctimas. El saldo que deja esta guerra, cuyo nombre ahora los panistas quisieran olvidar, es oprobioso y continuará afectando a millones de mexicanos en los años venideros.

Frente a la magnitud del desastre, la actitud del PRI y de la izquierda no pueden sino considerarse tibias, cuando no directamente cómplices, como si de nueva cuenta se hubiesen conformado con observar cómo el país se destruía en manos de Calderón sin intervenir de manera más decidida para frenarlo, acaso porque ni ellos mismos sabían -ni saben- qué hacer ahora para revertir la violencia. No deja de sorprender que, durante las campañas electorales, Peña y López Obrador prefiriesen evitar el tema del narcotráfico, como si fuese apenas uno más de los muchos problemas del país, y no la causa de la mayor desestabilidad social que hemos sufrido desde la guerra cristera. Y aun hoy, a unos días de tomar posesión, el PRI no ha sabido presentar una sola iniciativa novedosa para afrontar la peor herencia recibida por un gobernante en nuestra historia reciente. 

 ¿Transición a la democracia? ¿Alternancia? Estos términos, hasta hace poco tan estimulantes y pomposos, apenas significan nada frente a un país que, a doce años de haber expulsado al PRI de la presidencia, se desangra como nunca. ¿Qué diremos en el futuro de estos 12 años? ¿Qué fueron una oportunidad perdida? ¿Un paréntesis opaco en medio de una marea de priismo? Resultaría mendaz afirmar que no hubo avances en otros terrenos, olvidar que ganamos en transparencia y rendición de cuentas, que la libertad de expresión se consolidó, que la seguridad social experimentó un impulso decisivo o que las peores formas del priismo terminaron expulsadas de nuestra vida pública, pero, contrastados logros con los daños derivados de la guerra contra el narco, estos logros se tornan pálidos o de plano irrelevantes.

Y así, doce años después de aquella ilusión, de ese espejismo del 1º de diciembre de 2012, el PRI regresa a Los Pinos tras haber ganado las elecciones (usando sus buenas y sus malas artes). La lectura del resultado electoral es dolorosa y evidente: los ciudadanos le dieron su voto, de forma mayoritaria, a la derecha y a la izquierda democráticas durante doce años con la esperanza de que condujesen al país a un lugar mejor. En vez de eso, éstas desperdiciaron todas las oportunidades, pelearon entre sí hasta desangrarse y, en medio de esta ácida pelea, el segundo gobierno panista destruyó al país como ningún otro gobierno reciente. Cuando el 1º de diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto jure su cargo y le devuelva la presidencia al PRI, ya no quedará ninguna duda del gigantesco fracaso de estos doce años de alternancia.

 

Twitter: @jvolpi

[Publicado el 25/11/2012 a las 15:58]

[Etiquetas: México]

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Cuando el 1º de diciembre Enrique Peña Nieto tome posesión como presidente de la República, se habrán cumplido tres décadas ininterrumpidas de gobiernos de derecha en México; y para cuando culmine su mandato, en 2018, serán treinta y seis años, más de un tercio de siglo, de experimentar, en esencia, el mismo modelo. Desde que Miguel de la Madrid arribase al poder en 1982, en medio de la rocambolesca crisis producida por el despilfarro de José López Portillo -el último de nuestros populistas-estatistas-, una misma escuela de pensamiento ha dirigido sin titubeos al país.

 

No quiero decir, con ello, que el PRI y el PAN sean equivalentes en todos los sentidos -su enfrentamiento histórico dejó huellas en sus decisiones menos relevantes-, ni que los viejos demócratas panistas sean idénticos a sus antecesores y sucesores priistas, siempre más inclinados al autoritarismo, sino que la ideología central que ha dominado en la agenda de sus cuadros no contiene más que diferencias de matiz.

            No se trata de refrendar aquí la teoría conspiratoria, de corte lopezobradorista, según la cual el PRIAN es una especie de monstruo bifronte diseñado por Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos con el único fin de asegurarse las derrotas de la izquierda, pero sí de insistir en que, más allá de sus diferencias de origen y de tono, de formas y sobre todo de maneras -y a las enemistades surgidas en los procesos sucesorios-, entre las administraciones de De la Madrid y Salinas, de Salinas y Zedillo, de Zedillo y Fox, de Fox y Calderón y, previsiblemente, de Calderón y Peña se tiende una rígida línea de continuidad en su concepción de las políticas públicas.

            No debería sorprender, por tanto, que nuestra transición democrática se haya revelado tan decepcionante: más allá de su discurso de cambio, Fox no transformó un ápice la estructura de poder heredada del priismo, mientras que Calderón ni siquiera llegó a planteárselo, obsesionado con la guerra contra el narco. Y, al menos hasta el momento, Peña se ha limitado a remachar en su discurso en la idea de volver más eficaces los instrumentos del estado, sin querer transformarlos (ni siquiera la desastrosa política de seguridad).

 Si uno se limitase a revisar las políticas públicas de estos treinta años, tendría que concluir que, en efecto, la misma élite política, amparada en los mismos argumentos, se ha impuesto prácticamente sin oposición.

En el manejo de la economía esta alianza es evidente: desde que Salinas y Silva Herzog se batieran por la hegemonía, una misma escuela ha dirigido los destinos de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Pero lo mismo puede decirse de casi todas las áreas: aunque cambien los titulares, la inercia se mantiene.

            ¿Puede decirse, a estas alturas, que esta ideología casi secreta, bien pertrechada bajo los discursos nacionalistas del PRI y las arengas moralizantes y renovadoras del PAN, es lo que antes llamábamos derecha? Estas distinciones políticas, lo sabemos, se han desdorado desde la caída del Muro de Berlín. Aun así, en su decisión de preservar a toda costa el statu quo, de privilegiar la estabilidad sobre el crecimiento, de honrar sus compromisos con la oligarquía -y respetar sus monopolios-, de enarbolar oportunistamente la libertad por encima de la equidad y de bloquear cualquier intento de despenalizar el aborto o de aprobar el matrimonio homosexual, PRI y PAN no parecen apartarse un ápice del pensamiento que antes llamábamos conservador. Un conservadurismo rancio que incluso ha preservado el anquilosado régimen corporativo del priismo.

            ¿Cómo es posible que el país de la Reforma liberal, de la Revolución Mexicana y del 2 de octubre haya terminado convertido en una sociedad tan conservadora, con la sola excepción del Distrito Federal? Distraídos por la valiente lucha trabada en este tiempo para conseguir auténticas instituciones democráticas, quizás perdimos de vista que bajo tierra, en donde en verdad se tomaban las decisiones cruciales, surgía un acuerdo tácito entre las élites para preservar sus ideas -y sus privilegios.

            La culpa de esta deriva también es, por supuesto, de la izquierda (eso que antes llamamos izquierda). Una izquierda emanada en su mayor parte del priismo y afectada por muchos de sus lastres. Una izquierda tozuda y casi tan conservadora como sus rivales. Una izquierda sin ánimos de contradecir el discurso dominante. Una izquierda, en fin, que ha ganado en estos años millones de votos -y se ha hecho con el control casi absoluto de la ciudad de México-, pero cuya influencia nacional ha sido casi insignificante. La salida de López Obrador del PRD, con la intención de fundar un nuevo partido, es una pésima noticia: si unida, y con dirigentes en extremo populares como Cárdenas y él mismo, la izquierda no logró imponerse, dividida corre el riesgo de volverse irrelevante. Si nada altera esta deriva, todo indica que el país permanecerá por muchos años más bajo el dominio de la derecha conservadora. 

           

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[Publicado el 04/11/2012 a las 17:59]

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Sobre la puerta del venerado santuario de Tōshō-gū, en las afueras de Nikkō, en Japón, el escultor Hidari Jingorō realizó en el siglo xvii la más célebre -e imitada- reproducción de los llamados "tres simios místicos", Mizaru, Kikazaru e Iwazaru, cuyos nombres significan no ver, no oír y no decir. Provenientes de una antigua leyenda de origen chino, retomada luego por la tradición confuciana, se les asocia con un modelo ideal de conducta que conmina a no ver, no oír y no decir el mal (en otras representaciones, un cuarto mono, Shizaru, explicita el precepto de no hacer el mal). Como suele ocurrir cuando un icono transita de una cultura a otra, en Occidente los tres monos hoy simbolizan a sus contrarios: quienes no quieren ver ni oír el mal, aunque esté frente a ellos, y quienes prefieren callar antes que reconocer sus errores.

            El México de las últimas semanas parece el reinado de estos tres simios indiferentes y obcecados, incapaces no sólo de ver u oír el mal que ellos mismos han perpetrado, o de referirse al que contamina hasta los últimos rincones de nuestra sociedad, sino de aceptar otra concepción del mundo que la propia, como si en vez de ser políticos humanos fuesen los infalibles dueños de la Verdad. Cada uno de ellos, así como las hordas que los glosan y veneran, defiende una posición única y excluyente, ciega, sorda y muda frente a las ideas de los otros, provocando que quienes no somos sus fervientes o interesados servidores -la mayor parte de los ciudadanos- estemos obligados a observar como guerrean mientras el país se desangra sin remedio.

            Peña Nieto no ve el mal por ninguna parte. Para él, como para sus comparsas en la prensa o el Tribunal Federal Electoral, México es una democracia perfecta e impecable, donde no sólo no hay lugar para manipulaciones y fraudes, sino donde ni siquiera es válido albergar la menor duda sobre la eficacia o la transparencia de nuestras instituciones. Escudados en una legalidad defectuosa -y en las torpezas jurídicas y retóricas de sus enemigos-, Peña y sus adláteres se muestran como amos absolutos del país. Quienes los cuestionan no merecen sentarse a su mesa: son perversos o totalitarios, falsos demócratas y malos perdedores. Que numerosos ciudadanos cuestionen sus métodos, señalen sus vicios o exhiban sus turbiedades les tiene sin cuidado. La legitimidad les pertenece y lo demostrarán como les plazca. Para ellos, no vale la pena reconocer la diversidad o llamar a la reconciliación: los integrantes de YoSoy132 y las huestes de AMLO son radicales desquiciados y lo mejor es fingir que no existen. No mirarlos.

            López Obrador, lo sabemos, nunca escucha. Siente que él encarna la voluntad de todos los oprimidos, de todos los vejados por el sistema. Aunque su diagnóstico sea certero -al país lo manejan y exprimen unos cuantos-, su solución sólo pasa por él mismo. Odia que lo llamen redentor, pero pontifica como uno, convencido de que sólo él posee la entereza moral para denunciar a los malhechores y los corruptos. Señala, insulta y descalifica como si, por una revelación o un milagro, sólo él tuviese acceso al auténtico ánimo del pueblo. Con sus argumentos, ninguna democracia en el mundo sería legítima, pues en todas los ciudadanos son manipulados por los medios y los poderosos. Obcecado, se presenta como un padre que no confía en las -malas o pésimas- elecciones de sus hijos. Afirma que las votaciones no fueron libres, pero al hacerlo desprecia la inalienable libertad de los electores a equivocarse. Y lo peor: la única voz que escucha es la que resuena en su interior.

            Calderón, por su parte, calla. En el mensaje con motivo de su último informe de Gobierno -diseñado, como en la época priista, para su lucimiento sin freno y el apapacho de sus incondicionales-, no importó nada lo que dijo, el inagotable torrente de alabanzas que se dirigió a sí mismo y a sus colaboradores, sino lo que no dijo, lo que no se atrevió a decir. Su silencio frente a los muertos generados por su desastrosa guerra contra el narcotráfico fue lo más significativo. Lo mismo eludir que México fue el único gran país latinoamericano donde aumentó la pobreza. El que después de machacarnos sin fin con su estrategia contra el narco le haya dedicado tanto tiempo al seguro popular, acaso el único mérito de su gestión, es prueba de que su silencio fue intencional. Tras dejar a México en la mayor debacle social de su historia reciente, y de que su partido perdiera estrepitosamente las elecciones, Calderón niega cualquier yerro y cierra la boca.

            Una cosa es segura: mientras Peña y los suyos sigan sin ver a sus opositores, mientras López Obrador y los suyos sigan sin escuchar a quienes no piensan como él, y mientras Calderón y los suyos sigan resistiéndose a hablar de sus fatídicos errores, México no sólo permanecerá quebrado y dividido, sino condenado a los tropiezos que provoca la ceguera, el aislamiento que sufren los sordos y el miedo que resulta del silencio.  

 

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[Publicado el 09/9/2012 a las 15:49]

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-¿De México?

            -Sí.

            -Entonces dígame: ¿qué pasó con su país? La sensación es que México desapareció del mundo.

            Aunque malévola, la sentencia del viejo diplomático francés es compartida por la mayor parte de los observadores de la escena internacional desde hace más de una década. Tras la derrota del PRI en el 2000, celebrada por tirios y troyanos, México parecía destinado a convertirse en uno de los actores más relevantes del planeta: se trataba del mayor país de habla hispana, con una larga tradición de liderazgo latinoamericano, una economía apta para una sólida etapa de crecimiento, una enorme cohesión social -comparada con otras naciones de la zona- y una reluciente democracia. No pasaron ni dos años antes de que estas grandes esperanzas comenzasen a malbaratarse sólo para que, al cabo de 12 años, se revelasen como un lamentable naufragio. La culpa es, en buena medida, de la impericia de las dos administraciones del PAN, sumada a la irresponsabilidad, el egoísmo y la falta de visión del conjunto de nuestra clase política.

Durante el gobierno de Vicente Fox, México desperdició todas las oportunidades posibles. A un vigoroso inicio de gestión, marcado por una sincera voluntad de cambio, la aspiración de poner en marcha un gobierno plural y el deseo de acabar con las prácticas corruptas y corporativas del ancien régime, le sucedió una ominosa parálisis institucional -debida en buena medida a la inmovilidad del PRI en el Congreso y los estados-, la salida del gobierno de los cuadros menos conservadores, una vida pública marcada por la frivolidad del presidente y de su esposa, y el desmantelamiento de nuestra posición de privilegio en América Latina.

Hasta entonces, México había logrado balancear su política exterior entre la irremediable cooperación con Estados Unidos y la independencia expresada en el apoyo prestado a Cuba. Al convertirnos en una democracia de pleno derecho, la relación con la dictadura de Castro tenía por fuerza que modificarse pero, en el ínterin, México fue incapaz de hallar el nuevo lugar que le correspondía en el concierto internacional. Al regateo del apoyo a Estados Unidos tras el 11-S le sucedió una enemistad cada vez más ruidosa con otros países de la región. Así, mientras en el interior el Fox se concentraba en perseguir a López Obrador, en el exterior su secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, no eludía la ocasión de incomodar a nuestros aliados estratégicos. Por otro lado, mientras Jorge Castañeda había impulsado una vigorosa diplomacia cultural, capaz de extender nuestra influencia a través de un organismo semejante al Instituto Cervantes español -el efímero Instituto de México, copiado por Gabriel Quadri al proponer el Instituto Octavio Paz-, Derbez desarticuló el proyecto sin contemplaciones sólo para llevarle la contraria a su antecesor.

El conflicto postelectoral del 2006 acabó por arruinar la imagen de México en el mundo justo cuando Brasil no sólo consolidaba su ascenso político y económico, de la mano de Lula, sino su marca internacional: una imagen de solvencia financiera, visión social y pericia internacional que acabó por borrar del mapa a un México que entonces se lanzaba desmañadamente en una "guerra contra el narco" que, tras seis años de combates y más de 60 mil muertos, se ha revelado como un gigantesco fracaso.  

Nunca como ahora la idea de México en el mundo ha estado tan devaluada: frente a la admiración que continúa despertando la variedad y riqueza de su cultura, se anteponen las imágenes de violencia e impunidad asociadas con las mujeres de Ciudad Juárez, las cabezas cortadas y los cuerpos desnudos en los puentes, las narcomantas y los narcobloqueos y, sobre todo, la abrumadora incapacidad del gobierno en materia de seguridad pública. Para colmo, según estadísticas recientes, ni siquiera en términos económicos el PAN ha alcanzado el menor éxito en 12 años. De los 18 países evaluados en América Latina, México ocupa el lugar 17 en términos de crecimiento en la última década, sólo por arriba de El Salvador. Y, lo que es más grave: es de los pocos, al lado de El Salvador, República Dominicana y Costa Rica, donde el número de pobres ha aumentado (un 1.3%  según datos de CEDLAS y el Banco Mundial).

El regreso del PRI al poder en el 2012 no ha contribuido a mejorar esta imagen, no sólo por su largo historial de corrupción y autoritarismo, recordado por todos los diarios del mundo, sino por las denuncias de compra y coacción al voto. Es una lástima, porque otra vez existen condiciones para que nuestro país recupere su sitio en el mundo: posee una economía estable, las perspectivas de crecimiento se mantienen a la alza y, frente a la debacle de España, tendría la ocasión de asumir el liderazgo de las naciones hispanohablantes. Pero, mientras nuestra clase política se mantenga tan ciega y torpe como hasta ahora, no podemos esperar que México deje de representar otra cosa que una gloria pasada y una oportunidad perdida.

 

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[Publicado el 22/7/2012 a las 19:44]

[Etiquetas: México]

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Desde la primera vez que tuve la oportunidad de votar, nunca me había sentido tan frustrado ante una elección. En todas las ocasiones anteriores me animó un impulso, que casi me atrevería a llamar moral, a la hora de escoger. En 1988 y en 1994 voté por Cuauhtémoc Cárdenas, para mí la opción más clara para terminar con el autoritarismo y la corrupción del PRI. En el 2000 No dudé en apoyar a Vicente Fox por las mismas razones. En 2006 me decanté por Andrés Manuel López Obrador, el eficaz alcalde de la ciudad de México, quien prometía combatir el que a mis ojos era -y aún es- el mayor problema del país: la desigualdad.

            Hoy, en cambio, ninguno de los candidatos despierta mi entusiasmo. Aun así, no pienso que anular mi voto o abstenerme contribuya a mejorar las condiciones del país. Jamás voté por el PRI, y no lo haré ahora. Más allá del historial del partido, aduzco otro argumento: pese a la sobreexposición de la que se ha beneficiado, nada sé de Enrique Peña Nieto. Bajo su retórica no he logrado descubrir una sola idea propia, un solo rasgo de carácter, un solo signo que me permita atisbar su personalidad, sus convicciones, su verdadero rostro. Lo veo y lo oigo y no consigo intuir quién se oculta detrás de su cuidada máscara. Ése ha sido su plan: colocarse, gracias a los errores de sus rivales y a su cercanía con los medios, como puntero en las encuestas. Y, una vez allí, resistir los embates sin jamás mostrarse tal cual es. Incluso si aparcara mi desconfianza hacia el PRI, no podría votar por un espectro.

            Josefina Vázquez Mota me parece una mujer seria, eficaz, decidida. En la SEP intentó oponerse al control que Elba Esther Gordillo ejerce sobre la educación y por ello fue apartada del cargo. Confío en su honestidad y sus buenas intenciones. Por desgracia, sobrelleva un lastre imposible de obviar: la fracasada estrategia de seguridad del presidente Calderón. Los 60 mil muertos no son culpa exclusiva del Gobierno, pero aplicar una estrategia a todas luces equivocada, que ha generado un inédito escenario de confrontación y violencia, sin tomar las medidas necesarias para corregirlo, no sólo es prueba de soberbia, sino de una falta de responsabilidad que debe ser castigada en las urnas. Si Vázquez Mota hubiese hecho explícito su rechazo a esta herencia y hubiese presentado una nueva estrategia sobre el tema, que contemplase discutir la legalización de las drogas -a mi modo de ver, la única salida-, le hubiese otorgado mi voto. Aunque sospecho que ella hubiese querido hacerlo, al final quedó atrapada en la maquinaria electoral del PAN.

            Gabriel Quadri ha presentado el programa más inteligente y variado de los candidatos, pero tampoco podría votar por él. Su discurso liberal se halla al servicio de los intereses más anquilosados. Uno de los mayores problemas del país es la educación y yo jamás podría votar por quien ha sido corresponsable del estancamiento de miles de niños y jóvenes. Un voto por el PANAL es un voto a favor de la inmovilidad y el atraso.

            El López Obrador de 2012 no es, por desgracia, el López Obrador que gobernó la ciudad de México. Tampoco el candidato del 2006. Si bien puedo comprender su rabia tras perder la elección por unos cuantos votos -debidos, en mi opinión, a la intervención ilegal de Fox y a la campaña orquestada en su contra por los medios-, su deriva poselectoral le hizo un enorme daño a la izquierda mexicana. El plantón en Reforma es lo de menos. Haber "mandado al diablo" a las instituciones y asumirse como presidente legítimo constituyó, en cambio, una enorme irresponsabilidad política. Desde hace unos meses ha querido moderar su discurso, pero su tozudez e intransigencia no dejan de generarme dudas.

No obstante, será la opción que elegiré. No tanto por el propio López Obrador, sino por lo que representa: una vía de izquierda que, si continúa la senda emprendida por el PRD en el DF, defiende la agenda socialdemócrata en la que confío. Y, sobre todo, porque mi voto por AMLO es un voto por dos de las figuras públicas que lo acompañan: Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente. El primero hubiese sido, en mi opinión, el mejor candidato que podría haber presentado la izquierda. Bajo su guía, la ciudad de México se convirtió en uno de los lugares más avanzados del mundo en términos de derechos sociales y de minorías. Creo que, desde la secretaría de Gobernación, Ebrard podría articular una nueva política de seguridad que, contradiciendo la lógica de la guerra, lograría sacarnos del violento atolladero en el que estamos. Por su parte, el ex rector de la UNAM me parece la figura ideal para reformar nuestro sistema educativo, enfrentarse al poder de la Maestra y lograr que nuestros jóvenes reciban la formación de calidad que merecen para convertirse en ciudadanos críticos. Mi voto por López Obrador es, pues, un voto por el proyecto al que se han sumado De la Fuente y Ebrard.

 

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[Publicado el 24/6/2012 a las 13:28]

[Etiquetas: Elecciones México]

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Las negociaciones se han celebrado con el mayor sigilo: cualquier filtración podría quebrarlas por completo. A la casona en el sur de la ciudad han acudido sólo los más leales consejeros de los candidatos -ninguno de los cuales, por cierto, pertenece a la alta jerarquía de sus partidos. Los contactos informales se iniciaron poco después de la desastrosa presentación de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana y la consolidación del movimiento estudiantil. Tal vez si los jóvenes no se hubiesen atrevido a salir las calles y a unirse en un frente común contra el candidato del PRI la mera posibilidad de estas conversaciones hubiese sido imposible.

            El riesgo, para los involucrados, ha sido muy alto. Los propios candidatos reconocen que sus partidos -y buena parte de sus seguidores- se sentirían traicionados pero, aun así, se han arriesgado a negociar. Aunque López Obrador fue quien al principio puso más obstáculos, al final, contradiciendo la tozudez que tantos le atribuyen, acabó por dar el sí. Vázquez Mota también albergaba resquemores, pero también acabó por dar luz verde a sus representantes. Los dos saben que, más allá de sus desavenencias, el resultado de estas pláticas podría darle un vuelco no sólo a la elección, sino a la historia reciente del país.

            Tras dos semanas de frenéticos dimes y diretes, insultos y manotazos sobre la mesa, amenazas de ruptura y reconciliaciones in extremis, los negociadores redactan un borrador final. Nadie alberga demasiadas esperanzas: ¿quién podría imaginar que dos figuras tan distintas, tan opuestas, puedan llegar a ponerse de acuerdo sobre el futuro de la nación? Frente al borrador aprobado, López Obrador y Vázquez Mota expresan sus dudas. Resulta tan difícil imaginar políticos dispuestos a sacrificarse -a sacrificarse en verdad- por el bien común... Y sin embargo, en un abrumador golpe de timón, ambos estampan sus firmas en el documento.

            El Pacto de la UNAM, como se le conoce por la vecindad de la casona con nuestra "máxima casa de estudios", no sólo implica un acuerdo electoral, sino un vasto programa de gobierno. Una arquitectura que, pese a los conflictos que de seguro acarreará en el futuro, los dos candidatos consideran equivalentes a los pactos de la Moncloa españoles: la reinvención democrática de México doce años después de haber expulsado al PRI de Los Pinos.

            En el curso de una improvisada conferencia de prensa conjunta, previa al segundo debate, que toma por sorpresa al PRI, al Gobierno y a la sociedad en su conjunto, López Obrador y Vázquez Mota comparecen lado a lado ante las cámaras. La solemnidad y relevancia de la cita no se le escapan a nadie, y pronto la prensa internacional celebra el acuerdo como el día en que México cambió. Frente al pasmo y el estupor generalizados, los dos anuncian la alianza que habrá de unirlos y detallan el mecanismo empleado para llegar al acuerdo.

             Conforme a los datos de cuatro casas encuestadoras propuestas por ambos candidatos -anuncian-, López Obrador se halla en un claro segundo lugar en las encuestas, por lo que se convertirá en candidato único de esta especie de auténtica concertación mexicana, tan distinta de la farsa propuesta por Peña Nieto. Vázquez Mota, por su parte, ocupará el cargo de secretaria de Gobernación y Jefa de Gabinete en caso de ganar las elecciones. El gobierno pactado entre ambos contará con los mejores hombres y mujeres de cada partido, y ya anuncian los nombres de Juan Ramón de la Fuente, Alonso Lujambio, Marcelo Ebrard, Santiago Creel y buen número de independientes. El objetivo principal del acuerdo, aclaran, no es impedir que el PRI regrese al poder, sino articular una refundación integral del Estado mexicano, establecida en los 50 puntos que dan a conocer a continuación.

            Las reacciones no se hacen de esperar: el PRI y sus aliados mediáticos, tan expuestos en estas semanas, no tardan en denunciar el matrimonio contra natura de los antiguos rivales, el propio Gobierno federal muestra su rechazo, prominentes panistas e izquierdistas abandonan la alianza y anuncian su apoyo a Peña Nieto, pero el resto del país recibe la noticia con entusiasmo. La mayoría piensa que este Gobierno de Unidad Nacional es lo único que en verdad podría salvar a México. La seriedad y eficacia de Vázquez Mota constituirán un freno a las tendencias radicales y mesiánicas de López Obrador, mientras que la fuerza social de éste limará las aristas más conservadores de su nueva compañera.

            El 1 de julio, a la medianoche, los resultados son contundentes: PRI-PVEM, 38.2% de los votos; la nueva Alianza por la Unidad Nacional, 56.3 %. Rodeados por sus colaboradores y miles de ciudadanos entusiastas, Vázquez Mota levanta la mano de López Obrador. Éste, a su vez, le agradece su apoyo y alaba su valentía. Ambos se comprometen a cumplir con los principios de su acuerdo y a trabajar mano a mano por el bien del país. ¿Un relato impensable? Tal vez. Pero, en este mundo imaginario, nadie duda de que es lo mejor que podría ocurrirle a México.

 

twitter: @jvolpi

[Publicado el 10/6/2012 a las 20:34]

[Etiquetas: elecciones méxico]

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