El Boomeran(g)

A lo largo de la historia de Nicaragua, desde el momento de la independencia proclamada en 1821, el caudillismo se ha impuesto de manera recurrente, siempre triunfante sobre las instituciones que nunca han encontrado la fortaleza suficiente para dominar las voluntades autoritarias.

            Caudillos conservadores, caudillos liberales, ahora caudillos populistas, con breves respiros de gobiernos democráticos, generalmente débiles, cubren casi doscientos años de vida independiente, entre violaciones flagrantes a la Constitución Política  para facilitar la reelección del autócrata de turno. Una tendencia viciosa que ha traspasado ya la frontera del nuevo milenio en desprecio de toda modernidad.

            El artículo 147 de la Constitución de Nicaragua prohíbe de manera tajante la reelección después de dos períodos alternos, pero eso no detiene al presidente Daniel Ortega. Ya se ha inscrito como candidato para las elecciones del mes de noviembre de este año, amparado en una sentencia espuria e ilegal de una Corte Suprema de Justicia dominada por él. Esa corte ha determinado que la prohibición de la reelección no vale, y por consecuencia de esta brujería jurídica, la Constitución Política de Nicaragua se ha vuelto inconstitucional.

            El comandante Tomás Borge, al proclamar a Ortega como candidato en el congreso del FSLN, dijo: "la revolución es fuente de derecho y sus posiciones son legítimas y justas más allá de lo formal y lo concreto. Si estamos en una revolución, debemos seguir... por eso la determinación del máximo órgano de este país  (la Constitución) es injusta... la máxima legitimidad la tiene la voluntad popular". Bajo este dictum, el sistema jurídico queda en escombros.

[Publicado el 30/3/2011 a las 09:00]